Según testimonios de moradores del área, la falta de rendición de cuentas por parte de Edgar Smith de Gracia sobre los ingresos del bar en Playa La Barqueta (supuestamente propiedad de la Junta Comunal de Guarumal, Alanje) podría interpretarse como una irregularidad grave bajo la Ley 105 de 1973 de Juntas Comunales en Panamá.
Redacción
Además presuntamente, hubo entre el 2022 y 2023 una malversación de fondos públicos por mas $500k mencionados de partidas que provienen de fondos públicos no auditados, se habla extraoficialmente que fue una triangulación entre juntas comunales locales, del Distrito de Alanje, la comunidad puede denunciar ante la Contraloría General de la República o el Ministerio Público para una auditoría forense y esclarecer los hechos.
Obligaciones legales
Los representantes perpetuos como Smith de Gracia están obligados a presentar informes públicos anuales de ingresos, gastos y proyectos financiados con fondos comunales o transferencias estatales (decentralización), incluyendo cualquier negocio como un bar. La omisión reiterada, según denuncias, viola la ley de transparencia y podría configurarse como peculado culposo o dolo eventual si hay desvío de fondos, tipificado en el Código Penal.
Implicaciones prácticas
Peculado potencial: Si los $500k mencionados provienen de fondos públicos no auditados (ej. ventas del bar + transferencias de partidas), la comunidad puede denunciar ante la Contraloría General de la República o el Ministerio Público para una auditoría forense.
Acción ciudadana: Moradores pueden exigir asamblea comunal para forzar la rendición o revocar al representante por incumplimiento.
por lo que es un deber ciudadano solicitar acceso a libros contables vía transparencia (Ley 6 de 2002) para sustentar una denuncia formal.
Esto evita especulaciones y fortalece el caso en derechos humanos y ambiental, dada la sensibilidad de La Barqueta y sus ingresos como lo es el cobro de estacionamientos y posibles actores no autorizados que han cometido peculado por lucrar con fondos publicos.
Se insta a las autoridades locales a rendir un informe anual de sus gestiones para evitar estas especulaciones y por ende comunicar a la comunidad que se hace y en que se invirtió los fondos de la descentralización tan cuestionados en el periodo pasado y en este.

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