SIMPLE RESPUESTA POR SU MODELO CONSTITUCIONAL HECHO A LA MEDIDA DEL PRESIDENTE DE TURNO CADA 5 AÑOS.
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| Recuerde por quien esta usted en ese cargo |
Redacción: JOSE AGUIRRE
Panamá es percibido como un país
extremadamente corrupto desde sus inicios porque su modelo constitucional ha
sido históricamente reconfigurado a la medida del presidente de turno,
permitiendo la concentración de poder, la debilidad de los controles y el uso
discrecional de recursos públicos con cada nuevo quinquenio.
Origen del modelo constitucional
La Constitución de 1972, impuesta
por la dictadura militar, fue diseñada para legitimar un régimen autoritario y
concentrar poder en el Ejecutivo, debilitando el equilibrio entre poderes y
facilitando prácticas clientelares y de captura del Estado. Desde entonces, las
reformas sucesivas han conservado disposiciones que permiten que quien llegue
al poder pueda reacomodar leyes y órganos de control a su conveniencia.
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| De Panamá Vieja Escuela |
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Ciclo de “constitución a la
medida”
Cada cinco años, con el cambio de
gobierno, se repiten reformas legales, nombramientos de alto nivel y ajustes
institucionales que favorecen al presidente electo en vez de consolidar reglas
impares y mecanismos sólidos de transparencia. Ese patrón ha convertido el
sistema jurídico en un instrumento de negociación y corrupción estructural más
que en un marco estable de limitación del poder.
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| LA CENTRAL 1960 |
Quienes nacimos después de 1960, muchos en los años 80, crecimos viendo la Central de la ciudad de Panamá no solo como un lugar, sino como un símbolo: el corazón de un país que supo soñar con algo más grande que la corrupción, la desigualdad y la opresión. Ese dolor que siente quien hoy mira hacia atrás no es retraso personal, es memoria compartida. Es el peso de saber que, desde hace décadas, varias generaciones han pasado “por lo mismo”: el mismo poder en manos de pocos, los mismos discursos vacíos, las mismas promesas incumplidas.
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No se trata de un problema solo de fechas ni de una queja individual; se trata de reconocer, como sociedad, que llevamos más de 40 años perdiendo: perdiendo valores, perdiendo instituciones serias, perdiendo la confianza en que la justicia proteja a todos por igual. Hemos cambiado calles, edificios, banderas, presidentes, pero en el fondo muchas cosas siguen igual: el mismo esquema de poder, el mismo nepotismo, la misma corrupción disfrazada de legalidad. Panamá no está atrasada solo en el reloj, está enferma en el alma. Ese malestar que hoy muchos sienten, esa rabia contenida, ese vacío que dejan los discursos huecos, puede ser precisamente el inicio de otra historia. Porque no es resentimiento ciego, sino conciencia: el dolor de ver que, día a día, como país nos hemos ido quedando atrás, que los jóvenes se van, los talentos se apagan, y lo que queda son ruinas de oportunidades perdidas. Si hay algo que urge, es que ese dolor no quede solo en el pecho: que se convierta en compromiso, en exigencia, en acción colectiva. Panamá no puede seguir sufriendo
40 años más bajo el mismo modelo. Es hora de construir, entre todos, un futuro
donde el poder emane realmente del pueblo, no del presidente de turno, donde el
mérito cuente más que la cercanía al poder, y donde la justicia sea la misma
para quien caza una iguana que para quien roba cien millones. La Central de la
ciudad nos recuerda de dónde venimos; la responsabilidad es decidir, hoy, hacia
dónde queremos ir. |
MENTIRAS QUE SE REPITE SIEMPRE POR QUIENES OSTENTAN EL PODER EN LOS 4 ÓRGANOS DEL ESTADO.
1. “Los órganos del Estado son
independientes”
Constitución mediante, el
presidente de la República propone y el Legislativo ratifica o rechaza a
magistrados de la Corte Suprema, al Procurador de la Nación, a miembros del
Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas y otros altos cargos, lo que hace que
el Ejecutivo tenga un poder decisivo sobre la alta judicatura y organismos
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Aunque la Constitución habla de independencia judicial y de imparcialidad, la
práctica muestra que esos nombramientos suelen ser “a la medida” del gobierno
de turno, más que el resultado de competencias técnicas públicas.
2. “La Asamblea Nacional es
independiente y neutraliza al poder”
La Carta Magna le atribuye a la
Asamblea el poder de juzgar a los magistrados de la Corte Suprema, y a la Corte
el de juzgar a diputados; pero en la práctica casi nunca se ha abierto un
proceso serio contra un magistrado en la historia reciente, y casi nunca se ha
sancionado con fuerza a un diputado.
Ese “pacto de no agresión” entre
Legislativo y Judiciario refuerza la idea de que la independencia es de papel,
mientras los poderes se protegen mutuamente y priorizan la política sobre la
rendición de cuentas.
3. “No hay nepotismo y
cualquiera puede llegar”
La ley sanciona el nepotismo: se
considera falta grave nombrar en cargos públicos a cónyuges, parejas de unión
consensual y parientes cercanos, con riesgo de destitución.
Pese a eso, siguen aflorando casos de alcaldes, ministros, directores y
legisladores que colocan a familiares, parejas o “acompañantes” en puestos con
salarios de varios miles de dólares al mes, mientras títulos y méritos quedan
en segundo plano.
4. “Todos somos iguales ante
la ley”
El discurso oficial insiste en
que “todos somos iguales ante la Ley”, pero en la realidad se observa una
justicia claramente selectiva: políticos y empresarios con recursos consiguen
medidas cautelares, casa por cárcel o, en muchos casos, escapar de condenas
duras, mientras delitos menores se castigan con prisión de alta seguridad.
La percepción ciudadana es que “el que tiene
dinero sale libre, el que caza una iguana va pa la chirola (Mega Joya) y el que
roba cien millones va al RENACER”, o sale libre por un tecnicismo jurídico lo
que erosiona por completo la credibilidad del sistema.
Reflexión
La corrupción, en este contexto, no es un accidente: es el primer y más claro indicador de que el sistema está enfermo. Abre la puerta a pobreza, desigualdad, desempleo y violencia, porque el Estado deja de invertir en salud, educación y justicia para convertirse en botín de partidos, grupos económicos y familias influyentes. Cuando el hijo del diputado, la esposa, la amante o el “quitafrio” ocupan puestos de 5.000 dólares al mes, mientras profesionales capacitados se queman en la calle, el mensaje es claro: el mérito no importa, importa la cercanía al poder. Y cuando el que tiene dinero se libra y el que caza una iguana va a la cárcel, se destruye por completo la confianza en que la ley proteja a todos por igual.
Urge, por tanto, un marco constitucional distinto: una reforma que haga que el poder emane genuinamente del pueblo, no del presidente de turno. Eso implica nombramientos técnicos y transparentes, controles independientes, límites reales a la reelección y concentración de poder, y sanciones estrictas contra el nepotismo, la corrupción y la justicia selectiva. Sin ese cambio constitucional profundo, lo que se avecina es una muerte anunciada del sistema: más corrupción, más pobreza, más desconfianza social y, eventualmente, una crisis institucional que el país ya no podrá contener. La corrupción no es solo un delito; es el síntoma de un sistema político caduco que ya no representa al pueblo, sino a sus dueños de turno.
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