Desde la embajada de Nicaragua hasta el asilo express en Colombia- la crónica de una impunidad anunciada.

RICARDO MARTINELLI TRANSFORMO LA JUSTICIA DE PANAMÁ Y EL DERECHO INTERNACIONAL EN UN ESPECTÁCULO 

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El expresidente Ricardo Martinelli buscó y obtuvo asilo diplomático inicialmente en la embajada de Nicaragua en febrero de 2024, tras una condena por lavado de dinero. Luego de que Panamá negara el salvoconducto solicitado por Nicaragua para que Martinelli saliera a territorio nicaragüense, Colombia le concedió asilo en mayo de 2025, lo que le permitió salir de la embajada y dirigirse a Colombia.

Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá (2009-2014), ha sido acusado repetidamente de corrupción a gran escala durante y después de su mandato. En enero de 2023, el gobierno de Estados Unidos lo sancionó por recibir sobornos a cambio de contratos públicos indebidamente adjudicados, lo que ha socavado la integridad de las instituciones democráticas panameñas. Esta sanción también incluye la prohibición de entrada a EE. UU. para Martinelli y su familia inmediata.

 

Uno de los casos más emblemáticos que involucran a Martinelli es el escándalo Odebrecht, el mayor episodio de corrupción en la historia de Panamá. Martinelli está siendo juzgado por blanqueo de capitales relacionado con sobornos pagados por la constructora brasileña. Además, sus hijos han sido condenados en EE. UU. por participar en estas actividades ilícitas, habiendo cumplido condenas por pagar sobornos por un total de 28 millones de dólares. La investigación del caso Odebrecht en Panamá comenzó en 2015, con altibajos en su proceso, y culminó en un acuerdo judicial para que la constructora pagara 220 millones de dólares al Estado, aunque este acuerdo no se ha cumplido completamente. Más allá de Odebrecht, Martinelli enfrenta investigaciones en España por presunta corrupción en sobornos relacionados con la constructora española FCC y por espionaje ilegal.

 

Ricardo Martinelli, exmandatario panameño, ha dejado una impresión indeleble en el sistema judicial de Panamá, transformando la administración de la justicia y el derecho internacional en un espectáculo político y mediático. A pesar de haber sido condenado por delitos comunes como el blanqueo de capitales, Martinelli ha logrado mantenerse impune, evidenciando las profundas fallas y manipulaciones del sistema judicial panameño.

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Durante y después de su gobierno (2009-2014), Martinelli utilizó su influencia para cuestionar y minar la independencia judicial, denunciando que en Panamá "no hay justicia", y acusando al sistema de ser manejado con motivaciones políticas más que legales. Fue objeto de múltiples procesos judiciales con violaciones al debido proceso, incluyendo ser juzgado dos veces sin imputación formal y enfrentó una casación con términos legales irrespetados. Esta estrategia política y jurídica ha convertido su caso en un espectáculo público y ha prolongado su impunidad. Además, iniciativas legislativas recientes buscan flexibilizar normas procesales para beneficiar a condenados bajo el antiguo sistema inquisitivo, como es el caso de Martinelli, abriéndole nuevas posibilidades de defensa mediante recursos de casación alegando violaciones a derechos fundamentales—una reforma que para muchos expertos representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

 

La sociedad civil y organizaciones como Fundación Libertad Ciudadana y Transparencia Internacional han denunciado que la justicia en Panamá está capturada por intereses políticos, con jueces provisionales nombrados por magistrados que responden a presiones ejecutivas y legislativas, generando un sistema permeable a la impunidad, amparado además por pactos de mutua protección entre poderes del Estado.