Delcy Rodríguez: Maduro, el "único presidente de Venezuela"
Un alto cargo del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela recurrió a servicios legales y de cabildeo en Estados Unidos para contrarrestar las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. Según documentos del Registro de Agentes Extranjeros del Departamento de Justicia estadounidense, revelados el lunes 27 de enero de 2020, Reinaldo Muñoz Pedroza —procurador designado por Maduro en 2015— firmó un contrato por 12,5 millones de dólares con la firma Foley & Lardner LLP.
La acuerdo, registrado el 24 de enero, incluye el pago de dos millones adicionales a Robert Stryk, de Sonoran Policy Group, como cabildero. Entre los servicios contratados figuran asesoría legal ante tribunales y agencias federales, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. El objetivo principal: diseñar una estrategia para remover a Muñoz Pedroza y otros aliados de Maduro de la lista de sancionados.
Esta movida ocurre en medio de la escalada de tensiones. Washington ha aplicado medidas económicas contra funcionarios, familiares y empresas vinculadas al chavismo, al que considera un régimen ilegítimo, mientras reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. En paralelo, Venezuela mantiene tanto el Parlamento opositor como la Asamblea Nacional Constituyente dominada por el oficialismo. Guaidó, por su parte, nombró en enero de 2019 a José Ignacio Hernández como "procurador especial de la República", con roles equivalentes.
(Fuentes: EFE, ABC)


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