LA LIBERTAD DE PRENSA Y EL DERECHO A SABER LA VERDAD. PANAMÁ: 25 AÑOS DE AUTORREGULACIÓN
Durante 25 años, Panamá ha vivido bajo un modelo de “libertad de prensa” construido sobre la autorregulación mediática, con ausencia de un marco de control democrático serio, transparente y efectivo. El lema “La Libertad de Prensa y el Derecho a Saber la Verdad” suena noble, pero tras él se esconde una realidad incómoda: una autorregulación que favorece la concentración de poder informativo, la alineación con los gobiernos de turno y la debilidad institucional frente al poder de los medios.
Autorregulación como modelo: ¿autonomía o captura del poder?
En teoría, la autorregulación reconoce la autonomía de los medios de comunicación frente al Estado, evitando censuras y la intervención directa en la agenda informativa. En la práctica, en Panamá se ha convertido en un mecanismo de autoprotección corporativa, donde quien ejerce el poder mediático también define las reglas para ejercerlo.
En este contexto, las dos televisoras más importantes del país –que históricamente han monopolizado la agenda política y la percepción pública– se han vuelto, de facto, poderes semiestatales de la información. Rivales en nombre, en la práctica comparten una lógica común: servir como altavoces de la narrativa oficial, mientras se presentan como contrapeso independiente.
Estas cadenas se autorregulan bajo códigos de ética propios, sin que exista:
Un organismo de control de medios independiente, con capacidad de investigación y sanción.
Un registro público de decisiones editoriales, reclamaciones y sanciones.
Un mecanismo sólido de derecho de réplica que permita a quienes son afectados por campañas mediáticas ejercer su defensa en condiciones equitativas.
La autorregulación, en este caso, no es garantía de calidad informativa, sino instrumento de autorrefuerzo. Las televisoras más grandes del país se convierten en árbitras de la verdad, sin árbitro externo que las revise.
25 años de autorregulación y la agenda de los gobiernos de turno
Tras 25 años, queda claro que la autorregulación mediática en Panamá ha funcionado como correa de transmisión de la agenda del gobierno de turno, no como un freno democrático al poder político. Las dos televisoras más importantes han sido, en la práctica, pantallas de la narrativa oficial:
Criminalización de la oposición: se construyen figuras de “enemigo público” cada vez que emerge una voz crítica, sin que se garantice un tratamiento equilibrado ni la profundidad de contexto.
Censura soft: se minimiza, banaliza o se “entrena” en la cola de la agenda a temas incómodos para el gobierno, como denuncias de corrupción, conflictos ambientales, movilizaciones laborales o denuncias de violaciones de derechos humanos.
Campañas de legitamación: se repiten mensajes de “orden”, “seguridad” o “progreso”, alineados con la política de turno, mientras se desdibuja cualquier lectura crítica profunda.
La autorregulación permite que los medios se presenten como contrapoder, mientras, en realidad, se vuelven poder simétrico del Estado, pactando una agenda compartida. La autorregulación se vuelve, entonces, la cortina de humo que oculta esta alineación, presentando la cobertura mediática como “libre”, cuando es, en buena medida, funcional al interés del gobierno de turno.
Autorregulación y concentración mediática con agenda política
En estos 25 años, no solo ha crecido la concentración de medios; ha crecido la concentración de la capacidad para moldear la opinión pública en manos de muy pocos. Las dos televisoras más importantes del país –con sus redes de radio, portales digitales, noticieros y programas de opinión– han construido:
Una estructura de narrativa única: la misma información, con pequeños matices, se repite en distintos canales, generando la ilusión de pluralidad.
Un control de la agenda: deciden qué se investiga, qué se ignora, qué se investiga “en profundidad” y qué se entierra.
Un poder de etiquetar: definen quién es “peligroso”, “caótico”, “irresponsable”, “traidor” o “valiente”, sin que haya un contrapeso real.
La autorregulación, en este escenario, se vuelve un mecanismo de protección de monopolios mediáticos. No se exige límites a la propiedad, diversidad de voces ni espacios obligatorios de contrapunto. La autorregulación no democratiza el poder informativo; lo consolida en manos de unos pocos.
Autorregulación, autoridad mediática y derecho a la verdad
La autorregulación impacta directamente sobre el derecho a la verdad y sobre el sistema de derechos humanos. En 25 años, ha sido frecuente que:
Se difundan acusaciones graves contra personas y organizaciones sin que se demuestre plenamente su veracidad.
Se mantengan campañas de descrédito prolongadas, sin que exista un mecanismo externo que las revise ni que garantice la protección de la dignidad.
Se minimice o se relativice el derecho de réplica, convirtiéndolo en un formalismo sin audiencia ni efecto real.
La autorregulación no ha garantizado el equilibrio informativo, la proporcionalidad ni el debido respeto a la dignidad humana. Frente a procesos de investigación, juicios, denuncias sociales o activismo ambiental, la autorregulación ha permitido que los medios se vuelvan actores de presión mediática, más que meros observadores de la realidad.
Autorregulación y la invisibilidad de los conflictos de interés
Otro de los grandes vacíos de esos 25 años es la inexistencia de un sistema de transparencia efectiva sobre conflictos de interés. La autorregulación permite que:
No se declare con claridad la procedencia de financiamiento (anunciantes, patrocinios, campañas gubernamentales o políticas).
No se revele la relación editorial con gobiernos, partidos o sectores económicos.
No se explique por qué se dejan de investigar ciertos temas o se abandonan historias incómodas.
La autorregulación se vuelve un mecanismo de ocultamiento controlado. La sociedad puede denunciar, protestar o criticar, pero no tiene acceso a un registro público de decisiones editoriales, de reclamaciones ni de sanciones internas. La autorregulación no construye confianza; produce una desconfianza fundada, porque deja todo el poder de decisión en manos de unos pocos.
25 años de autorregulación: la libertad de algunas, no de todos
En el discurso, se celebra la libertad de prensa como uno de los pilares de la democracia panameña. Sin embargo, después de 25 años de autorregulación, lo que se observa es:
Una libertad desigual: grandes televisoras y grupos mediáticos pueden hacer prácticamente lo que les conviene, mientras los medios pequeños, comunitarios, alternativos y digitales apenas sobreviven.
Una verdad fragmentada: la “verdad” se vuelve aquella que el grupo mediático decide contar, más que aquella que surge de la pluralidad de voces y del debate democrático.
Una justicia mediática cerrada: cuando se cometen abusos, la autorregulación permite que quien juzgue, reprenda y mitigue el daño sea el propio medio, sin revisión seria, independiente ni pública.
“ Para que la Libertad de Prensa y el Derecho a Saber la Verdad” tenga coherencia, Panamá necesita:
Una ley de medios moderna, que limite la concentración de propiedad, exija transparencia de financiamiento y reconozca derechos de audiencia y de réplica.
Un organismo de control de medios independiente, con participación plural de sociedad civil, academia, organismos de derechos humanos y periodistas, que pueda revisar prácticas abusivas, campañas de descrédito y violaciones al derecho a la información.
Fortalecimiento de medios públicos autónomos y de medios comunitarios, para deshacer los monopolios de la narrativa y evitar que solo dos televisoras dominen la agenda.
Protección real de periodistas vulnerables, que no dependa de la buena voluntad corporativa sino de mecanismos institucionales de seguridad y garantía de derechos.
Cultura de verificación rigurosa, donde la velocidad no se vuelva excusa para la irresponsabilidad informativa ni para la desinformación.
La autorregulación, tal como se ha vivido en Panamá en estos 25 años, no ha sido un ejercicio de autocrítica responsable, sino un mecanismo de autoprotección que ha impedido avanzar hacia un sistema de medios plural, transparente y sometido al control democrático. La verdadera libertad de prensa no consiste en que los medios puedan hacer lo que quieran; consiste en que la sociedad tenga derecho a saber la verdad, a ser escuchada y a exigir responsabilidad a quienes controlan el poder de la información.
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