El diputado Jamis Acosta, del partido Realizando Metas (RM), impulsa una propuesta de reforma al Código Judicial y Procesal Penal que busca permitir la revisión de sentencias firmes alegando violaciones a derechos fundamentales, medida señalada por analistas y opositores como un mecanismo para favorecer al expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales.
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| Diputado de RM- Jamis Acosta/ Fuente: laestrella.com |
Panamá, 27 de febrero de 2026.
El diputado Jamis Acosta, del partido Realizando Metas (RM), ha presentado una controvertida propuesta de reforma al Código Judicial y Procesal Penal que permitiría la revisión de sentencias firmes bajo el pretexto de "violaciones a derechos fundamentales". Analistas y opositores no dudan en calificarla como un mecanismo diseñado a la medida para beneficiar al expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales en un fallo que ya es cosa juzgada.
La iniciativa, que busca alterar el principio de irrevocabilidad de las sentencias ejecutoriadas, representa un golpe directo a la seguridad jurídica y al Estado de Derecho en Panamá. En un país donde la corrupción ha sido el talón de Aquiles de la democracia, esta propuesta huele a impunidad selectiva. "¿Casualidad que surja justo cuando Martinelli clama por revisión de su condena?", cuestionan juristas como el penalista Eduardo Morgan, quien advierte: "Esto abriría las compuertas a la inestabilidad procesal, permitiendo que cualquier condenado con poder político reclame 'derechos fundamentales' como excusa para evadir la justicia".
Opositores políticos, desde el PRD hasta Cambio Democrático disidente, han alzado la voz contra lo que llaman "la ley Martinelli disfrazada". La diputada independiente Carolina Herrera, en declaraciones a este medio, la tildó de "aberración jurídica que socava décadas de lucha contra la corrupción". Analistas coinciden: la reforma ignora precedentes constitucionales que protegen la cosa juzgada, un pilar del debido proceso avalado por la Corte Suprema y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Acosta defiende su proyecto como un "avance en derechos humanos", pero críticos lo ven como lealtad ciega a los intereses de RM y su líder carcelario. En un contexto de creciente descrédito en el Órgano Legislativo –con tasas de aprobación por debajo del 20% según encuestas recientes–, esta movida no solo expone el servilismo político, sino que arriesga profundizar la crisis de confianza en las instituciones. ¿Hasta cuándo los diputados priorizarán favores personales sobre la justicia?
El proyecto ya enfrenta resistencia en comisiones legislativas, pero su avance dependerá de alianzas en un hemiciclo fragmentado. Panamá merece jueces independientes, no marionetas de reformistas oportunistas.
Reflexión: La traición regional de un diputado chiricano que olvida su deber constitucional
En el circo legislativo panameño, Jamis Acosta ejemplifica la desconexión trágica de muchos representantes: elegido por Chiriquí para impulsar su café en crisis y blindar su frontera contra el narco, fomentar el crecimiento sostenible de los davideños y Chiricanos, en todas su áreas, atreves de políticasc publicas pro justicia y pro economía, prefiere legislar salvavidas para Martinelli. Esta reforma no es solo un atentado al Código Judicial; es una puñalada a los votantes de David y Boquete, que ven cómo su voz se diluye en agendas de impunidad nacional. Acosta tiene un deber constitucional y legal –articulado en el artículo 150 de la Constitución y la Ley 6 de 2002 sobre Transparencia– de promover la accountability y la integridad pública, no de allanar caminos para la corrupción. Los Chiricanos claman por diputados que sirvan a su tierra y a la ley, no a sus captores políticos.
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