Panamá enfrenta una profunda crisis socioeconómica que obliga a la mayoría de su población a vivir en una austeridad forzada.
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| Foto del Panamá America/ versión web |
Según los datos más recientes, más del 40% de los hogares están en situación de pobreza, con un desempleo general del 12 % aproximadamente y más del 20% entre jóvenes. La informalidad laboral supera el 60%, dejando a miles sin acceso a seguridad social ni derechos básicos.
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La corrupción sigue minando la confianza en las instituciones, mientras que la inversión extranjera, aunque promovida por el gobierno, no ha logrado despegar significativamente para compensar estos desafíos.
A ello se le suma la depuración y desvinculación de la fuerza laboral que dependía de la Planilla estatal
Durante el año 2025, Panamá aprobó un Presupuesto General del Estado de $30,111 millones, una reducción conservadora respecto a los $30,690 millones del periodo anterior, lo que refleja un ajuste en el gasto público. En contraste, la deuda pública total llegó a un récord histórico de casi $58,700 millones en septiembre de 2025, obligando a destinar casi $6,000 millones únicamente para el servicio de esta deuda, un monto que limita la capacidad de inversión social directa.
Para 2026, el gobierno prevé un presupuesto ampliado a más de $34,900 millones, con un aumento considerable en la inversión pública destinada a infraestructura y proyectos sociales. Sin embargo, esta expansión presupuestaria se financia en buena medida con deuda, generando preocupación sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Críticamente, la inversión extranjera, vital para dinamizar la economía, ha sufrido un estancamiento relativo en este periodo, a pesar de los incentivos legales y fiscales ofrecidos. Esta desaceleración limita la generación de empleo formal, especialmente para la juventud, que es la más vulnerable ante la precariedad y falta de oportunidades.
La gestión del presidente José Raúl Mulino ha sido cuestionada por no traducir las promesas de desarrollo y justicia social en resultados concretos. La austeridad impuesta a la mayoría panameña contrasta con un endeudamiento creciente que amenaza con hipotecar el futuro del país sin solucionar los problemas estructurales del desempleo ni la informalidad. La juventud, golpeada con dureza, necesita políticas públicas urgentes, transparencia real y un compromiso que vaya más allá de discursos para evitar que la crisis social se profundice aún más.
Panamá está en una encrucijada: mantener la austeridad mientras crece la deuda o buscar reformas profundas que aseguren un crecimiento económico sostenible, inclusivo y justo para todos.
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