El polémico caso del Juez Séptimo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá Guillermo Ballesteros: sancionado en el pasado por el OJ, por desacato en el Millonario caso: Sonama, S.A. y Sonama Panamá S.A., contra el consorcio MECO- ICA-FCC y en la actualidad limita el acceso de una demanda presentada por el abogado Jose Aguirre en contra de la Multimillonaria de apuestas CIRSA Panamá administradora de SPORTIUM APUESTAS PANAMA, S.A
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JUECES CIVILES UTILIZAN TECNICISMO Y RAZONAMIENTOS AMBIGUOS PARA DESECHAR DEMANDAS QUE INVOLUCRAN A PODEROSOS DE PANAMÁ
El polémico caso del juez Guillermo Ballesteros: sancionado por desacato y la actualidad de la demanda del abogado Aguirre contra Cirsa Panamá
En un hecho que ha causado revuelo en la justicia panameña, el juez Guillermo Ballesteros, del Primer Distrito Judicial, fue sancionado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, por incurrir en desacato en una disputa legal de larga data entre las empresas Sonama, S.A. y Sonama Panamá, S.A., contra el consorcio MECO-ICA-FCC, relacionada con un contrato de ampliación del Canal de Panamá. La sanción, que se hizo pública en julio de 2024, consistió en una multa millonaria y en la orden de mantener el impedimento sobre dicho juez, debido a que ordenó levantar un secuestro millonario en contra del mencionado consorcio, pese a una resolución previa de esa instancia superior.
Este episodio evidenció cómo, en el pasado, Ballesteros utilizó tecnicismos ambiguos y decisiones controvertidas en la causa titulada "Sonama, S.A. y Sonama Panamá, S.A. contra MECO, ICA y FCC" , que vulneraron el debido proceso y la autoridad judicial superior, poniendo en duda la independencia del sistema judicial panameño. La justificación del juez en su reconsideración fue que su decisión se basó en una facultad discrecional, alegando que la caución ya constituida le permitía ordenar el levantamiento del secuestro, aunque la resolución del Tribunal Superior ordenaba mantenerlo. La discrepancia generó dudas sobre la coherencia y la transparencia del juez, dejando en evidencia cómo las interpretaciones técnicas pueden ser utilizadas para justificar decisiones controvertidas.
En la actualidad, la situación es distinta. El abogado José Aguirre Abrego ha presentado una demanda contra la empresa multinacional Cirsa, subsidiaria de Sportium Panamá, S.A., por incumplimiento contractual en el pago de ganancias legítimas en apuestas virtuales. La demanda, corregida y presentada con base en los requisitos legales, ha sido rechazada por el juez del Séptimo Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, quien ordenó la no admisión de la misma mediante el Auto N° 291/1728682025, emitido el 20 de noviembre de 2025.
El abogado Aguirre denuncia que el juez, en su Auto, utilizó tecnicismos ambiguos y argumentos retóricos para limitar el ejercicio del derecho de defensa de los ciudadanos y abogados, dejando en la práctica a los consumidores panameños en situación de indefensión. Según Aguirre, el juez afirmó que la demanda no precisaba con claridad qué hechos se pretendían acreditar con cada medio probatorio, lo cual —desde su perspectiva— fue una interpretación excesivamente restrictiva que obstaculiza la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos. La demanda que originó este rechazo fue presentada en el proceso "Reclamación por incumplimiento de pago de ganancias en apuestas virtuales" , en la que se alegaba que la empresa Sportium Panamá, subsidiaria de Cirsa, se negó a pagar las ganancias legítimas por más de 16,700 dólares, tras bloquear la cuenta del cliente sin justificación y sin responder a reclamaciones.
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| Abogado: Jose Angel Aguirre Abrego-Parte demandante Contra CIRSA-SPORTIUM |
Esta decisión judicial, en medio de un contexto donde la empresa Cirsa y su marca Sportium operan en un mercado millonario, parece favorecer a las grandes corporaciones en detrimento de los derechos de los consumidores vulnerables. La argumentación del juez, que en palabras de Aguirre resulta ambiguo y tecnicista, deja en evidencia cómo los tecnicismos legales pueden ser utilizados para limitar el ejercicio del abogado y, en consecuencia, dejar en indefensión a los ciudadanos comunes que buscan hacer valer sus derechos en un mercado cada vez más controlado por corporaciones internacionales.
Mientras tanto, el caso del juez Guillermo Ballesteros permanece en la memoria como un ejemplo de cómo las decisiones judiciales pueden ser influenciadas por interpretaciones técnicas y controversias internas, que en su momento evidenciaron una posible vulneración del Estado de Derecho. La sanción impuesta por desacato y las dudas sobre su imparcialidad alimentan la percepción de un sistema judicial en necesidad de reformas que garanticen la transparencia y la protección efectiva de los derechos.
Y aquí surge una reflexión urgente y de alerta para las autoridades y la sociedad: La situación actual evidencia que, aunque el proceso legal de la demanda del abogado Aguirre se encuentra en recurso de reconsideración para su admisión, la Unidad de Transparencia del Órgano Judicial debe iniciar de oficio las investigaciones correspondientes. La falta de acción en estos casos puede seguir permitiendo que decisiones ambiguas y tecnicistas se conviertan en barreras que dejan en indefensión a los ciudadanos, vulnerando derechos fundamentales y debilitando la confianza en el sistema judicial. La justicia no puede ser solo un instrumento para las grandes corporaciones o un juego de interpretaciones técnicas, sino un mecanismo real para proteger los derechos de todos los panameños por igual. La transparencia y la ética judicial deben ser una prioridad, y el órgano encargado de administrar justicia debe actuar con prontitud y objetividad frente a estos casos que afectan la legitimidad y la confianza en las instituciones.
REFLEXIÓN
Tanto en el pasado con la sanción del juez Guillermo Ballesteros en el proceso "Sonama, S.A. y Sonama Panamá, S.A. contra MECO-ICA-FCC" , como en el presente con la negativa a admitir la demanda del abogado Aguirre en su proceso contra Cirsa, se visibiliza una problemática que afecta a los ciudadanos panameños: el uso de tecnicismos ambiguos y decisiones judiciales que limitan el ejercicio del derecho y dejan en indefensión a quienes buscan justicia en un mercado dominado por empresas poderosas. La búsqueda de una justicia transparente y equitativa debe ser una prioridad de todos los actores del sistema judicial para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales.
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